Cambio en los planes sociales porteños

El Gobierno de la Ciudad dispuso el fin del esquema vigente de asistencia y lo reemplaza por un programa que alcanzará a 5.000 personas, con un año de transición. Incluye capacitación obligatoria, pagos directos sin intermediarios y acuerdos con empresas para facilitar la inserción laboral.

El Gobierno de Jorge Macri dispuso un cambio en la política de asistencia social mediante un decreto que elimina los planes vigentes y los reemplaza por un nuevo programa enfocado en capacitación e inserción laboral formal.

La iniciativa alcanzará a unas 5.000 personas y prevé un período de transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual. Durante ese proceso, el Gobierno porteño informó que fueron detectados y dados de baja 1.274 beneficiarios considerados irregulares. El sistema implicaba un costo estimado de $10 mil millones anuales y contemplaba 85 convenios, que serán discontinuados.

Según se detalló el Ejecutivo de la Ciudad, el nuevo programa establece pagos directos a los beneficiarios, sin intermediación de organizaciones, con el objetivo de mejorar los mecanismos de control y transparencia. Además, fija criterios de permanencia vinculados a la residencia, la situación socioeconómica y el nivel de ingresos.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sostuvo Jorge Macri.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, afirmó: “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”.

El nuevo esquema se apoya en cuatro ejes principales como la formación obligatoria, un plazo máximo de 12 meses, la articulación con el sector privado y la definición de criterios de elegibilidad. En ese marco, la participación en instancias de capacitación será requisito para mantener el beneficio, y quienes no cumplan con las condiciones establecidas podrán perderlo.

En cuanto a la vinculación con el sector privado, el programa contempla acuerdos con empresas y entidades para facilitar prácticas formativas y oportunidades laborales. Entre ellas se encuentran Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de cámaras empresariales y universidades.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad informó avances en los mecanismos de control sobre la asistencia alimentaria. A través de una aplicación para comedores, que permite registrar a los beneficiarios mediante DNI, se detectaron más de 5.000 raciones irregulares. También se identificaron casos de personas fallecidas o con bienes registrados, y se dispuso el cierre de 40 comedores.

De acuerdo con lo comunicado oficialmente, el objetivo del nuevo enfoque es promover la capacitación y el acceso al empleo como vía de salida de la asistencia estatal.