Por Martín Ferraro

Periodista en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El discurso de la transparencia empieza a crujir donde más duele, en los expedientes judiciales.

No se trata de versiones ni de operaciones. Hoy hay causas abiertas, fiscales actuando y medidas de prueba en marcha que ponen bajo la lupa a funcionarios clave del gobierno de Javier Milei. Y no por cuestiones menores.

El caso de Manuel Adorni es el más evidente. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito ya está formalmente impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, que pidió una batería de medidas para reconstruir su patrimonio, sus viajes y sus ingresos.

Las dudas no son abstractas. Surgen de documentos, compras de propiedades con mecanismos poco habituales, como hipotecas otorgadas por particulares sin vínculo claro, y adquisiciones simultáneas sin desprenderse de activos previos.

A eso se suman interrogantes sobre vuelos privados, facturación de viajes y movimientos que la Justicia ahora intenta reconstruir con datos de Migraciones y registros oficiales.

Nada de esto prueba un delito. Pero todo esto configura algo igual de relevante en política, una zona gris difícil de explicar.

El problema es más profundo, porque el Gobierno no llegó prometiendo simplemente eficiencia económica. Llegó prometiendo superioridad moral frente a “la casta”. Y esa vara es la que hoy empieza a volverse en su contra.

El caso $LIBRA va en la misma dirección. La Justicia analiza si hubo utilización de la figura presidencial para promover un activo financiero que terminó generando pérdidas, y ya hay pedidos para que el propio Presidente y su entorno sean citados a indagatoria. No es una condena. Pero tampoco es un dato menor: es la Justicia preguntando si hubo abuso de poder.

Y la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) agrega otro nivel de gravedad. Allí no se discuten zonas grises patrimoniales, sino un posible esquema de corrupción en la gestión de recursos sensibles, con funcionarios y empresarios bajo investigación y procesamientos en curso.

El punto no es sumar casos como si fueran equivalentes. No lo son. Pero sí configuran un patrón: un gobierno que empieza a acumular frentes judiciales mientras sostiene un relato de pureza ética.

Ese contraste es el verdadero problema, porque en política, la credibilidad no se pierde con una condena firme —eso suele llegar tarde—, sino cuando las explicaciones dejan de cerrar. Y hoy, más que certezas, lo que crece es la cantidad de preguntas.

El Gobierno de Milei todavía está a tiempo de ordenar esa tensión, pero para eso necesita algo más que descalificar críticas o hablar de operaciones: necesita respuestas claras, documentación y coherencia.

Sin eso, el riesgo no es solo judicial. Es político.